“La AGI no cumple los objetivos de inserción y además genera nuevas necesidades”

La diputada de Políticas Sociales, Maite Peña, en Juntas Generales de Gipuzkoa, ha explicado las principales conclusiones que se extraen tras el estudio que sobre la eficiencia de la AGI se ha realizado desde el Departamento de Políticas Sociales. La diputada ha dividido el estudio en tres partes, “una primera parte, ciñiéndose estrictamente a la lectura de datos y otras dos partes, que recogen la opinión tanto de los trabajadores sociales municipales como de representates del tercer sector”.   

El informe lo ha presentado Jon Iribar, jefe de servicio de planificación, concertaciones y prestaciones económicas del departamento de Políticas Sociales y autor del estudio. En la actualidad, la Diputación cuantifica en  1.422 el número de perceptores que mensualmente cobran la AGI; el perfil principal de receptores lo conforman varones jóvenes de entre 23 y 35 años, sin cargas familiares y en su amplia mayoría, extranjeros,  aunque Iribar ha matizado que la fotografía de los perceptores de esta ayuda no se corresponde con la de la  inmigración en Gipuzkoa,  ya que hay países concretos con mucha mayor prevalencia en AGI. Iribar ha matizado las diferencias por municipios, algunas localidades guipuzcoanas tienen muchos más perceptores que otras, aunque de partida no sean las localidades con mayor presencia de personas con origen extranjero. Iribar ha argumentado esta situación por el “efecto llamada” que genera la ayuda, exclusiva de Gipuzkoa.

De media, cada percetor de AGI cobra 706,6 euros mensuales, lo que para las arcas forales supone un presupuesto anual de  más de 11 millones de euros.

Sobre estos datos, Iribar ha hecho una lectura tanto de los aspectos positivos como negativos de la ayuda. Ha destacado que el principal problema es su carácter singular y exclusivo de Gipuzkoa, lo que dota de un carácter de “isla” a nuestro territorio. También ha subrayado que es una ayuda, que no cumple con los objetivos de inserción, porque ha explicado Iribar, es una cuantía económica que no viene acompañada de otros recursos que podrían facilitar la inserción.

Entre las ventajas ha destacado que es una alternativa para las personas o familias que no dispongan de ningún otro recurso, y que hasta puede ser una herramienta a disponibilidad de los ayuntamientos, para ofrecer “algo” a quien viene en situación de necesidad.

Al cuestionario de Diputación, ha respondido cerca del 60% de los ayuntamientos del territorio, con perspectiva muy diferente unos de otros, en función de las realidades a las que se enfrentan. Son pocos los trabajadores sociales que se posicionan claramente en uno u otro sentido, ni claramente a favor de mantener la ayuda en las condiciones actuales ni partidarios de su eliminación. Son pocos los que defienden que debe eliminarse la ayuda en su totalidad, porque consideran que retirar la ayuda a quienes la estén percibiendo podría generar un problema. Además hay un grupo de trabajadores sociales que demanda más recursos que acompañen a la ayuda propiamente económica, para dotar de más medios a las personas en exclusión.

Con respecto al tercer sector, Iribar ha explicado que se han reunido con tres entidades representativas que trabajan con perceptores de la AGI y destaca que también aquí, las opiniones varían de una a otra entidad. Las tres coinciden en que, en mayor o menor medida,  tiene un “efecto llamada”. Reconocen que la AGI sirve de ayuda para quien no tiene más recursos aunque matizan que no siempre la ayuda resulta lo suficientemente útil para salir de la exclusión. Subrayan el carácter exclusivo de la AGI, que hace de Gipuzkoa una  isla en Europa y demandan, que dado que Bizkaia o Araba, se enfrentan a las mismas necesidades que Gipuzkoa, las ayudas deberían ser homogéneas, al menos en la CAV.  Coinciden con el resto al decir que la ayuda exclusivamente  económica debería dotarse de otros recursos que faciliten la inserción y recomiendan, que cualquier modificación que se haga en la  AGI, debe hacerse con tiempo y con la información adecuada.

Con los resultados de la encuesta, la diputada Peña reconoce que  “la ayuda no cumple con los objetivos para los que se plantea; no sirve para facilitar la inclusión y además genera nuevas necesidades”, ha explicado Peña. Asegura que seguirá ayudando a los más necesitados, que “en Gipuzkoa no dejaremos a nadie en la cuneta” pero a su vez aboga por trabajar por una sociedad más justa y equitativa, “estoy empeñada en utilizar con rigor el dinero público y voy a trabajar para que todas las ayudas sean lo más eficientes y eficaces posibles”.

La diputada anuncia una ronda de contactos tanto con partidos políticos como con ayuntamientos y entidades del tercer sector, para recoger sus aportaciones sobre cómo se puede rediseñar la ayuda.