40 empresas de Gipuzkoa darán el salto a la industria 4.0 de la mano de las agencias de desarrollo

El Consejo de Gobierno aprobó el pasado martes las subvenciones correspondientes al Programa para el desarrollo territorial a partir del modelo de Industria 4.0, a las que se destinarán en 2018 200.000 euros. El programa se puso en marcha el año pasado dentro del laboratorio de desarrollo territorial Etorkizuna Eraikiz, cuyo objetivo es articular un nuevo modelo de gobernanza en este ámbito, apoyando la labor que realizan las agencias comarcales de desarrollo local. En este caso, se viene realizando junto a las agencias, aprovechando su “cercanía”, un diagnóstico de situación de las pymes industriales en relación a “las oportunidades de mejora competitiva que les pueda ofrecer el modelo de Industria 4.0, visibilizando sus carencias más significativas y su potencial”, ha explicado el portavoz foral Imanol Lasa.

Para ello, se creó un grupo de trabajo con Orkestra y se llevó a cabo la misma actuación en todas las comarcas. Las agencias de desarrollo se reunieron con todas las empresas de Gipuzkoa de entre 20 y 100 empleados, “un total de 500”, para realizar un análisis de la situación de cada una de ellas, y en algunos casos, introducirles en el concepto de la industria 4.0. En el diagnóstico se concluyó que había alrededor de 80 empresas que no tenían experiencia con este modelo, pero que tienen “condiciones para implantarlo”, bien por su producto o por su estructura.

Con base en base en dicho diagnóstico y de la mano de la convocatoria aprobada el martes, las 10 agencias de desarrollo trabajarán con 4 empresas cada una -40 en total- para que puedan realizar la transición al 4.0, ofreciendo apoyo en “marketing, comercialización, estrategia o tecnología”. Se realizará un plan de trabajo de 1 año con vistas poder presentar un proyecto de inversión en 2019.

Lasa ha destacado que la colaboración entre Diputación, agencias de desarrollo y pymes está ya dando resultados en el reto de “apuntalar la recuperación económica, reforzando la competitividad de nuestras empresas y la transformación del tejido empresarial hacia un modelo de empresa competitiva. Queremos que en el futuro Gipuzkoa siga siendo un modelo de economía avanzada y sostenible, que genere puestos de trabajo de calidad”.

Las pequeñas y medianas empresas tienen un gran peso en el tejido económico del territorio, especialmente evidente en la industria, sector en el que hay más de 900 pymes industriales que en su conjunto generan “más de 31.000 puestos de trabajo, casi la mitad del empleo total de la industria guipuzcoana”. Además, el 53% de las pymes guipuzcoanas presentan una trayectoria de más de 25 años, “lo que demuestra su arraigo”. Por ello, el portavoz foral ha afirmado que debe seguir siendo una prioridad apoyarles “para ser mejores y más fuertes, para crear nuevos productos y servicios, y nuevas oportunidades de negocio”, en un contexto cada vez más cambiante y competitivo.

 La OPE de Hacienda ya tiene fecha

Asimismo, la Diputación ha dado a conocer la fecha de los exámenes correspondientes a la OPE para personal técnico contra el fraude fiscal, el primero de los cuales tendrá lugar el 11 de enero de 2019 en el recinto ferial Ficoba. 651 personas se han presentado a la convocatoria para optar, por turno libre y mediante concurso-oposición, a 35 plazas de técnico/a superior de Hacienda de la Diputación Foral. La medida hará posible contar con más medios para hacer frente a una de las principales prioridades de la institución foral, la de luchar en todos los frentes -personal, herramientas tecnológicas y sensibilización-, contra “los comportamientos fraudulentos que nos perjudican a todos y todas, al restar recursos necesarios para mantener y reforzar políticas públicas y nuestro sistema de bienestar”, ha señalado Lasa.

Las personas aspirantes deberán realizar tres ejercicios, todos ellos de carácter obligatorio y eliminatorio: una prueba de conocimientos teóricos, una prueba de supuestos prácticos y teórico-prácticos, y las pruebas de evaluación de competencias. Asimismo, en el apartado de méritos, se valorarán la experiencia profesional en administraciones públicas, la formación académica complementaria siempre y cuando redunde directa y específicamente en el desempeño de las funciones de las plazas convocadas, y el conocimiento de idiomas.

El portavoz foral ha destacado la firme apuesta por el “empleo público” realizada esta legislatura. Entre OPEs y bolsas de trabajo, se han presentado a los procesos selectivos más de 6.000 personas. Antes de que concluya la legislatura, está previsto que se realicen los exámenes de otras tres OPEs: Técnicos de Administración General, con más de 30 plazas, trabajadores y trabajadoras sociales, alrededor de 25, y personal médico de valoración de la dependencia y la discapacidad, con 3. En total, la Diputación prevé sacar a concurso-oposición más de 330 plazas, cuyas pruebas se irán convocando de forma gradual durante los próximos tres años.

Está medida resulta “fundamental” para abordar el proceso de relevo generacional, ya que más de 900 trabajadoras y trabajadores públicos, aproximadamente la mitad de la plantilla foral, se jubilarán en los próximos siete años. Pero también favorecerá la “estabilidad” del empleo público de la Diputación y se reducirá la tasa de interinidad, ya que en las bases se valorarán los años de trabajo en administraciones públicas. 

Subida salarial

Por otra parte, el Consejo aprobó que, con efectos 1 de enero de 2018, las retribuciones del personal al servicio de la Diputación Foral tengan un incremento del 1,5 % con respecto a las del año 2017 y un incremento adicional del 0,25 % a partir del 1 de julio de 2018. Se trata, según ha subrayado el portavoz, del “máximo permitido” por la legislación estatal. La Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, establece que en el año 2018, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar un incremento global superior al 1,5 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2017.

Además de lo anterior, preveía que si el incremento del Producto Interior Bruto a precios constantes en 2017 alcanzara o superase el 3,1 por ciento, se añadiría con efectos de 1 de julio de 2018 otro 0,25 % de incremento salarial, supuesto que se ha cumplido.

Una decisión que, en palabras del portavoz foral, confirma el “compromiso del gobierno foral” con un sector público “fuerte, estable y de calidad”, con unas condiciones que garanticen unos servicios “de alto nivel” para la ciudadanía. “Se trata de una decisión razonable y que responde a la mejora de la situación económica”.