Las personas menores y familias refrendan al sistema de protección como garante de sus derechos

Esta mañana, la Diputación Foral de Gipuzkoa ha presentado en rueda de prensa los resultados del proceso participativo realizado con las personas menores atendidas en el sistema de protección y familias biológicas y acogedoras, con el fin de determinar las bases y principios del nuevo Plan para la Prevención y la Atención a la Desprotección Infantil. “Un trabajo muy enriquecedor y absolutamente pionero que nos abre la mirada y nos permite elaborar un Plan de Infancia con y para los niños y niñas que atendemos en nuestro sistema de protección”, ha explicado Maite Peña, diputada de Políticas Sociales, y ha subrayado que el trabajo concluye que las personas menores y las familias consideran al sistema de protección como un sistema que garantiza sus derechos.

          El departamento de Políticas Sociales, en el abordaje del Plan de Infancia, ha considerado necesario reflexionar y redefinir los principios rectores que guiarán la acción protectora futura. “Inevitablemente, abordar esta cuestión implica revisar el modelo de atención y también tomar posición sobre la estrategia territorial en relación a la infancia y adolescencia”, ha subrayado Maite Peña, quien ha comparecido esta mañana en rueda de prensa junto a Pepa Horno, psicóloga y consultora en infancia, afectividad y protección, con quien ha colaborado la Diputación para llevar a cabo el proceso participativo. Tras la presentación, se ha celebrado un encuentro que ha reunido a más de 80 profesionales de la red, en la que se expuesto el trabajo realizado y se ha seguido profundizando en la construcción de los retos que tiene el sistema, y que se verán reflejados en el Plan de Infancia.

          “Un trabajo que refleja la manera de hacer de Gipuzkoa, un proceso abierto, participado y en el que realizamos un importante esfuerzo para evaluar y actualizar nuestro modelo de intervención, con el objetivo último de diseñar un Plan de Infancia”, ha explicado Peña, a la vez que ha recordado que esta manera de proceder responde a la dinámica de Etorkizuna Eraikiz, y se enmarca dentro de la estrategia Agenda Gipuzkoa 2020>2030 del departamento de Políticas Sociales, que persigue diseñar de manera compartida las políticas sociales de transición, y posicionar así al territorio a la vanguardia de los cuidados.

          En palabras de la diputada, “se trata de una revisión de nuestro rol, de mejorar técnicamente nuestro modelo de trabajo”, y para ello, como punto de partida, se han actualizado los principios rectores. “Hemos preguntado a los niños y niñas y a las familias, que son los verdaderos protagonistas de nuestra acción, cuáles deberían ser las reglas del juego, cómo debemos guiar nuestra intervención, y los resultados han sido verdaderamente reveladores”.

          Como conclusión general, se puede destacar que refrendan la defensa de los derechos de los niños y niñas, y que la Diputación reconoce sus derechos. “Una cuestión que puede darse por sentada y puede parecer obvia, pero que es de vital importancia”, ha explicado Peña, y ha agregado que los resultados obtenidos también revelan la importancia de profundizar en la prevención, en la afectividad y la cercanía. Además, las familias piden tener un lugar más amplio en los procesos, y las personas menores piden no tener que repetir su historia a lo largo del proceso a diferentes profesionales.

          “Por lo tanto –ha resumido Peña–, el mayor reto de nuestro sistema de protección está en la revisión de los procedimientos para re-configurar los roles de los y las menores y las familias; pero como fortaleza, y pilar sobre el que descansa todo nuestro trabajo, es que reconocen el sistema de protección como un sistema de derechos”.

Revisión de los principios rectores

En palabras de Pepa Horno, este proceso de revisión ha contado con un hito metodológico, una revisión que supone un referente de buena práctica “pionero en el sistema de protección”, porque ha contado con la participación de las personas menores de edad atendidas en la red y de sus familias. Mediante la técnica de focus group, se ha dado voz a 126 niños, niñas y adolescentes de entre 6 y 22 años, y a 86 familias. “Una muestra significativa y un proceso de participación realizado de forma legítima y protectora”.

          Horno ha explicado que los principios expuestos a revisión han sido 13, y que los resultados obtenidos han sido muy homogéneos en cada franja de edad, pero diferentes entre las personas menores y adultas: “Les planteamos 13 principios rectores, y al final del proceso, los niños, niñas, adolescentes y familias nos han devuelto siete”.

          Por lo tanto, con las propuestas de cambio al documento inicial y la lectura detenida de sus argumentaciones, se han modificado los principios marco de la acción protectora inicialmente propuestos:

1. Los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos, y protagonistas de sus vidas. Deben de estar en el centro de las prácticas profesionales. La aplicación de este principio es la concreción del modelo de atención centrada en la persona en el ámbito de la protección a la infancia.
2. Individualización y diversidad. Todos y todas tienen los mismos derechos independientemente de sus características personales, familiares o culturales. La labor de la Diputación será ofrecer el acompañamiento y recursos necesarios para que cada persona menor desarrolle su potencial, promoviendo al máximo sus capacidades y autonomía.
3. Protagonismo. En todos los procedimientos se debe incorporar la perspectiva de los niños, niñas y adolescentes, y de sus personas allegadas.
4. Importancia de la familia. El contexto familiar, junto con el social y cultural, influye en la definición del proyecto de vida. La familia es un derecho, el contexto más eficaz para garantizar la satisfacción de las necesidades de las personas menores. Además, la familia es inevitable, y no se debe obviar su importante y papel en las intervenciones.
5. Afectividad consciente y mirada positiva. No es posible proteger lejos de la calidez y la afectividad.
6. Continuidad de la intervención. El trabajo debe estar bien fundamentado en el conocimiento científico, en el aprendizaje, en las buenas prácticas y en la evaluación.
7. Responsabilidad pública. El ejercicio de la acción protectora exige un modelo de atención que tenga presenta la responsabilidad pública, un principio básico y con el que se comprometen todos los equipos que trabajan en y para el Servicios de Protección a la Infancia y la Adolescencia de Gipuzkoa.