La Diputación se suma a la concentración convocada en defensa del euskera ante el recurso interpuesto a la OPE de personal administrativo

La Diputación Foral se sumará a la concentración convocada por los sindicatos LAB y ELA en defensa de los derechos lingüísticos de la ciudadanía, ante el recurso contencioso-administrativo interpuesto en el Juzgado nº2 de San Sebastián contra las bases generales y la convocatoria de 119 plazas de administrativo por la exigencia de perfil C1 o B2 en euskara. Además de anunciar la participación de la institución foral, la portavoz Irune Berasaluze ha realizado un llamamiento al personal de la Diputación, a los agentes ligados al euskara y a la ciudanía para que se sume a la convocatoria, que tendrá lugar pasado mañana, viernes, a las 10 horas en la plaza de Gipuzkoa.

El recurso hace referencia al acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno el 29 de diciembre de 2022, por el que se aprobaban las bases generales, específicas y convocatorias de los procesos selectivos de la OPE para la estabilización de empleo público de la Diputación, concretamente las correspondientes a 119 plazas de personal administrativo, materializadas a través de un concurso de méritos que tuvo lugar a lo largo del año pasado. Estas plazas están pendientes de adjudicación definitiva.

Berasaluze ha recalcado que “la Diputación convoca ésta y todas sus OPEs respetando la legalidad vigente, con todas las garantías jurídicas, y acorde con los planes de normalización lingüística aprobados por consenso para salvaguardar los derechos lingüísticos de la ciudadanía, que tenemos la responsabilidad de cumplir”. Por ello, ha adelantado que la Diputación “seguirá defendiendo allí donde haga falta sus competencias en materia de función pública y de impulso de la igualdad lingüística, tal y como hemos hecho en anteriores procesos en los que se ha impugnado el requisito del euskera como el de Uliazpi”. La institución foral presentó en este caso un recurso a la decisión de la Justicia que está a la espera de resolución.

La portavoz ha destacado que “pedir como requisito a una persona empleada pública que sepa euskera, que es una de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma Vasca, no puede considerarse como una discriminación. Es algo que debería estar totalmente normalizado, igual que en otros territorios y países, y no entendemos que se ponga en cuestión tal y como se está haciendo durante los últimos años. Las y los empleados públicos están al servicio de la ciudadanía, que tiene el derecho a ser atendida en la lengua que elija. Nuestra obligación como administración es garantizar la igualdad lingüística y los derechos lingüísticos de todas y todos los ciudadanos, ofreciéndoles el servicio más adecuado”.

Por último, Berasaluze ha puesto en valor “la trayectoria realizada por la sociedad y las instituciones vascas durante décadas en pro de la normalización lingüística y de la

recuperación del euskera. Este recorrido se ha realizado desde el acuerdo y con el apoyo de la gran mayoría de la ciudadanía, que ha venido demostrando una gran sensibilidad hacia esta cuestión, por lo que vamos a trabajar para seguir avanzando, desde el consenso, pero con la firmeza necesaria para no dar pasos atrás”.