84 personas han pedido asilo en Euskadi por su orientación sexual entre 2016 y 2018

Se ha presentado un informe sobre la realidad jurídico social de las personas refugiadas en Euskadi.

El objetivo es poner de relieve los problemas específicos de estas personas, detectar sus necesidades particulares e identificar aquellas buenas prácticas que permitan dar solución a esas cuestiones.

El Diputado de Cultura y Cooperación, Denis Itxaso ha presentado la investigación realizada para Gehitu y la Diputación sobre la realidad jurídico-social de las personas refugiadas LGBTI en Euskadi. La investigación ha sido realizada por Andrea Bertomeu. En la rueda de prensa también ha participado el director de Cooperación Fernando San Martin, la coordinadora de Gehitu Aintzane Muguruza, el exararteko y militante de Gehitu, Iñigo Larmarca, el refugiado hondureño Mauricio Rodriguez y la refugiada hondureña Fergye Baraorra.  

La ausencia de datos oficiales sobre el número de personas LGBTI  que solicitan asilo, tanto en la UE como en España imposibilita una radiografía exacta. A pesar de ello, se pude concluir que el número de solicitudes es significativo. Entre 2016 y 2018 el número de solicitudes de asilo por motivos de orientación sexual e identidad de género en Euskadi fue de 84 personas.

Los objetivos del estudio son poner de relieve los obstáculos y los problemas específicos a los que estas personas se enfrentan, antes, durante y tras el procedimiento de solicitud de protección internacional; detectar sus necesidades particulares e identificar aquellos mecanismos y buenas prácticas que permitan dar solución a esas cuestiones.

Itxaso ha reclamado al Gobierno Español una flexibilización de la política de asilo para establecer criterios humanitarios con los que poder atender a colectivos vulnerables, porque se enfrentan a una gran cantidad de obstáculos, prejuicios e incomprensiones. 

Del informe se extraen una serie de conclusiones como que la entrevista es crucial para dar a la persona refugiada LGBTI+ la oportunidad de poder explicar de forma exhaustiva y directa las razones de su solicitud, por ello, es necesario crear manuales de “buenas prácticas” que adapten las técnicas de la entrevista a los motivos de persecución exclusivamente por orientación sexual. Se constata asimismo, la necesidad de que las entrevistas sean realizadas por personal cualificado en cuestiones de diversidad sexual e identidad de género y la necesidad de introducir en la estructura de la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) mecanismos de transversalidad que incluyan la perspectiva SOGI en el análisis de los expedientes; la necesidad de establecer reuniones periódicas con la OAR a modo de “foros de encuentro y debate” no sólo con las entidades encargadas de la asistencia jurídica y social de personas refugiadas (CEAR, Cruz Roja Española y ACCEM), también con las entidades especializadas en la lucha por los derechos LGBTI+; Resulta imprescindible que la Administración introduzca en las memorias anuales elaboradas por la OAR datos estadísticos que permitan discriminar los motivos de persecución para saber, con exactitud, el número de personas que ha solicitado protección internacional en España por SOGI.

Respecto de la atención psicológica son necesarias sesiones de diagnóstico y tratamiento terapéutico grupales o individuales para ayudar a la integración en el medio que les rodea; Intervenciones de urgencia para personas LGBTI+ que se hayan enfrentado a situaciones dramáticas, tales como, tortura, agresiones sexuales o trata de seres humanos o, asimismo, padezcan enfermedades muy graves;

Respecto de la asistencia sanitaria la realización de programas de prevención y promoción de la salud en relación al VIH y demás enfermedades de transmisión sexual; Canalización y derivación de las demandas al sistema público de salud y a las ayudas sociales.

En el ámbito de la formación, ocio y tiempo libre, es necesario  la realización de talleres formativos sobre cuestiones de diversidad sexual y de género, facilitar material divulgativo  para prevenir supuestos de exclusión, acoso o violencia y sensibilizar a los residentes y orientar sobre los recursos externos para la comunidad LGBTI+, por ejemplo, sobre los colectivos y asociaciones LGBTI+, los recursos que prestan y su programa de actividades

En definitiva, del informe se desprende que existe una excesiva centralización en la gestión y organización de la protección internacional, lo que ralentiza que las necesidades específicas de las personas refugiadas LGBTI+ sean atendidas con prontitud.

n concreto, la rigidez del programa estatal genera que algunas personas refugiadas LGBTI+ se queden fuera del mismo y recurran a los servicios sociales de la ciudad, ya que la solicitud de entrada al programa estatal implica en muchos casos la movilidad geográfica, algo que les puede perjudicar por sus vínculos familiares o sociales.

La falta de cooperación interinstitucional, unido a la inexistencia de bases de datos de las personas refugiadas LGBTI+  aboca a una falta de información sobre la situación y la trayectoria de los solicitantes de asilo, dificultando una respuesta adecuada.

La denegación de la solicitud de asilo, a su vez, lleva aparejada la salida del programa social en un breve periodo de tiempo, abocando a las personas refugiadas LGBTI+ ya integradas en el entorno a una situación de irregularidad y pudiendo perder su empleo de un día para otro.