La Diputación reitera su "firme compromiso" en la "defensa de los derechos lingüísticos y de las competencias de las instituciones vascas"
La Diputación reitera su "firme compromiso" en la "defensa de los derechos lingüísticos y de las competencias de las instituciones vascas"
La Diputación reitera su "firme compromiso" en la "defensa de los derechos lingüísticos y de las competencias de las instituciones vascas"
La diputada Foral de Gobernanza, Irune Berasaluze, ha participado en la apertura del Curso de Verano Euskera, derecho y justicia: situación actual, problemas y retos.
La diputada de Gobernanza y portavoz foral, Irune Berasaluze, ha participado en la apertura del Curso de Verano, en la que ha reiterado el "firme compromiso" de la Diputación Foral de Gipuzkoa en la "responsabilidad de garantizar los derechos lingüísticos" de la ciudadanía y en la "defensa de las competencias de las instituciones vascas". "Desde la responsabilidad institucional y desde nuestra responsabilidad en la revitalización del euskera, seguiremos trabajando por la igualdad lingüística y la revitalización del euskera", ha afirmado.
"En los últimos 40 años hemos conseguido que el euskera haya avanzado no sólo en la sociedad, sino también en la administración pública, en base a los amplios consensos, a las recomendaciones y criterios de los expertos y gracias a las leyes de normalización lingüística y a una fuerte adhesión de la sociedad. Sin embargo, como territorio y como pueblo todavía queda mucho por hacer para poder desarrollar y utilizar el euskera en igualdad de condiciones con el resto de lenguas", ha reflexionado Berasaluze. En este contexto, no obstante, las sentencias publicadas en los últimos meses y años contra los perfiles lingüísticos establecidos por las administraciones públicas en las convocatorias públicas de empleo suscitan "preocupación y responsabilidad" en el seno de la institución foral.
En este sentido, ha expresado su "profunda discrepancia" ante la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que anulaba la convocatoria de 34 plazas de cuidadores de los centros residenciales de la Fundación Uliazpi, ya que los procesos iniciados en todo momento por la Diputación se han llevado a cabo "con todas las garantías desde el punto de vista legal". "Este tipo de sentencias se sitúan en contra de los múltiples consensos que se han trabajado durante años, en sentido contrario a la actitud de la inmensa mayoría de los guipuzcoanos a favor del euskera y, sobre todo, en la dirección contraria a los derechos lingüísticos de los usuarios de los servicios públicos", ha señalado.
Por todo ello, la portavoz foral ha considerado "adecuado y necesario" analizar y debatir sobre la trayectoria normativa y de los recursos administrativos desarrollados por las instituciones vascas en las últimas décadas. De hecho, las últimas sentencias, a su juicio, sitúan este esfuerzo en el fomento del euskera en la Administración "ante una nueva etapa". "Es importante analizar bien cómo, sobre qué bases y con qué recursos hemos llegado hasta aquí para poder explorar las posibilidades de cara al futuro. Es necesario, en este momento, reflexionar sobre el actual contexto y el régimen jurídicos", ha dicho.
Berasaluze también ha recordado que las instituciones vascas han hecho un "gran esfuerzo" en las últimas décadas a la hora de difundir el conocimiento del euskera entre la ciudadanía y especialmente entre las y los jóvenes. "Gracias a ese reconocido esfuerzo que han realizado muchos ciudadanos y ciudadanas para aprender euskera, es imprescindible observar la realidad sociológica que tenemos hoy en día en Gipuzkoa", ha subrayado. Por todo ello, seguiremos garantizando los derechos lingüísticos, seguiremos defendiendo las competencias de nuestras instituciones. Esos valores son nuestro eje", ha establecido.
Por último, la portavoz foral ha destacado la oportunidad que brinda el Curso de Verano para profundizar en el conocimiento de las bases de normalización del euskera y la contratación pública y para reflexionar sobre la necesidad del conocimiento por parte de las y los futuros juristas y jueces de los procesos de revitalización de las lenguas minoritarias.
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