La Diputación defiende la legalidad del canon de la N-I y la A-15

La diputada de Infraestructuras Viarias, Aintzane Oiarbide, ha defendido la legalidad del canon a los vehículos pesados en la N-I y en la A-15 recordando que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco no será firme hasta que se publique en el Boletín Oficial de Gipuzkoa por lo que el deber y la obligación de la Diputación Foral de Gipuzkoa es continuar cumpliendo con la norma foral vigente y ha añadido que “la Diputación será absolutamente obediente con la sentencia cuando esta se publique en el BOG”.

La diputada ha adelantado que la Diputación Foral de Gipuzkoa tiene la firme determinación de seguir cobrando a los vehículos pesados por el uso de estas carreteras, tal y como establece la directiva europea. Por ello, seguirá dando pasos que lo permitan, como la aprobación de un Decreto Foral Norma en los próximos días y que será de aplicación inmediata, al tiempo que seguirá elaborando una nueva norma foral para su aprobación en las Juntas Generales. "Ninguna sentencia cuestiona nuestra capacidad para poner peaje en nuestras carreteras. Por lo tanto, está fuera de toda duda el derecho de Gipuzkoa a cumplir el mandato democrático de sus Juntas Generales", ha precisado Aintzane Oiarbide, quien ha añadido que el peaje se pone a los camiones, no a los camioneros, "así que quien compra la carga del camión paga esos gastos, igual que nosotros cuando cogemos un taxi pagamos el peaje además del viaje ".

La diputada de Infraestructuras Viarias ha asegurado que "seguiremos apostando por el interés general de los guipuzcoanos" y ha subrayado que la premisa europea es que el peaje es el sistema social y ecológicamente más avanzado, por lo que se darán los pasos necesarios.

Oiarbide también ha recordado que, tal como adelantaban los servicios jurídicos de Diputación en las Juntas Generales de Gipuzkoa, “el proceso no está concluido” y, por tanto, “no está dicha la última palabra”. “Hay presentados ante el Supremo sendos incidentes de nulidad contra sus decisiones, al entender la Diputación que el Alto Tribunal debería haber formulado una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) antes de pronunciarse sobre esta materia, dado que se trata de la trasposición de una normativa europea y que las propias autoridades comunitarias avalan el peaje de Gipuzkoa”.