Se amplía la convocatoria de subvenciones a entidades para seguir fortaleciendo la inclusión social

El Consejo de Gobierno ha aprobado incrementar las subvenciones de este año destinadas a las  entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro que desarrollan su labor en el ámbito de los servicios sociales. Así tras la convocatoria realizada el pasado mes de febrero, según la cual se destinaban 850.000 euros para la realización de programas de intervención social, prevención y sensibilización, ahora se ha decidido destinar otros 200.000 euros para dicho fin. Dicho incremento ha sido motivado, en su mayor  parte,  por la puesta en marcha del plan de inclusión social 2016-2020 Elkar-Ekin, toda vez que a la convocatoria se han presentado “muchos proyectos de calidad”, según ha explicado la diputada de Políticas Sociales, Maite Peña.

Peña ha explicado que estas ayudas tienen por objeto apoyar a las asociaciones que trabajan con personas y colectivos en situación de desprotección: dependencia y/o discapacidad, menores desprotegidos, personas mayores y víctimas de violencia machista. También a aquellas entidades que trabajan en el ámbito de la inserción social, la familia o el voluntariado. En 2016, se pusieron en marcha 240 programas de la mano de 95 asociaciones de Gipuzkoa. “En cambio este año -ha precisado la diputada-, la Diputación hizo especial hincapié a las entidades para que presentaran programas sobre la inclusión de personas en exclusión social o en riesgo de padecerla. De este modo, se prevé que se desarrollen más de 40 proyectos, a financiar en su totalidad con la puesta en marcha de dicha medida.

En ese sentido la Diputación ha querido dar prioridad a proyectos relacionados con la inclusión social, con objeto de que Gipuzkoa se convierta en el territorio “con menor desigualdad social de Europa”, ha significado Peña, al tiempo que ha recordado que el empleo es “la mejor herramienta para la inclusión social de las personas, por cuanto abre las puertas para que tengan un proyecto de vida digno y autónomo”. Así, gracias al plan Elkar-EKIN, durante este último año un total de “242 personas (147 mujeres y 94 hombres)” en riesgo o situación de exclusión social han encontrado empleo. En lo que respecta al número de participantes en programas de empleabilidad del Departamento de Políticas Sociales, en el primer trimestre de 2017 ha sido de “925 personas, de las cuales 367 han sido hombres y 558 mujeres.

La pobreza en Gipuzkoa “ha bajado un punto y medio” con respecto a 2014, y ahora se sitúa en un 5,1%. Es decir, 11.200 guipuzcoanas y guipuzcoanos han salido de la pobreza. Sin embargo, Peña ha advertido de que hay que “seguir trabajando” porque  los casos más graves de pobreza severa o exclusión “se están cronificando”. En base a la medida adoptada hoy, considera fundamental “profundizar” en la cooperación con las entidades y asociaciones que componen el tercer sector, para “reforzar” la protección social: “Porque el tercer sector, por su cercanía, muchas veces llega a lugares donde nosotros no llegamos, ya que conocen la realidad y las necesidades concretas. Por eso su labor es tan importante y tenemos que cuidarla”.

A este respecto, la Diputación tiene convenios de colaboración estables con 50 asociaciones de Gipuzkoa, y apoya a través de ayudas a otras más de 120, muchas de ellas de pequeño tamaño.

Se renovarán caminos rurales en 67 municipios

Por otra parte, el Consejo ha decidido incrementar la dotación prevista en la convocatoria de 2017 para mejorar caminos rurales en 373.914,49 euros. Esta convocatoria se hizo pública en febrero, y se ha decidido ampliar las ayudas en vista del número de peticiones recibidas. Así, la Diputación invertirá 1.673.915 euros para acometer un total de 117 proyectos. Si se le añade la cantidad aportada por los ayuntamientos, se movilizará en total una inversión de 3.105.000 euros, renovando o asfaltando por primera vez en torno a 70 kilómetros de caminos de 67 municipios distintos. El portavoz foral ha Imanol Lasa destacado el “alcance” y el “impacto positivo” de la convocatoria.

Los ayuntamientos y entidades locales, en general, tienen dificultades para afrontar con sus presupuestos inversiones en infraestructuras y caminos del entorno rural. El objetivo de esta convocatoria es, según Lasa, ofrecerles apoyo para que puedan acometer trabajos de construcción o conservación en estas infraestructuras. Hoy en día hay un total de 3.360 kilómetros de caminos rurales de uso público en Gipuzkoa, cuya renovación y mantenimiento es “una de las peticiones más repetidas que nos hacen los ayuntamientos, especialmente los de menos de 2.500 habitantes”.

Además de mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas en general, estas actuaciones sirven para apoyar la actividad económica de los y las baserritarras. El de hoy es uno de los programas que se incluye en la iniciativa Landagipuzkoa+, desarrollada en todo el ámbito rural de Gipuzkoa, junto al programa de renovación de la red eléctrica. También se van a impulsar proyectos estratégicos que contribuyan a la promoción económica, para lo cual se han realizado encuentros con 48 ayuntamientos, con el fin de analizar e identificar proyectos viables que permitan consolidar el empleo actual y crear nuevos puestos de trabajo. Todas estas actuaciones van dirigidas a garantizar el equilibrio territorial, dentro de la apuesta de la Diputación por reducir la desigualdad. 

“Gipuzkoa no se entiende sin el medio rural. Los pueblos y municipios pequeños del entorno rural son una de sus señas de identidad, por lo que hemos asumido el compromiso de apoyarles, y de contribuir a garantizar la calidad de vida de las personas que viven en los mismos. Nuestro objetivo es conseguir unos servicios integrales y un nivel de bienestar social equiparable al de los entornos urbanos para, además de mantener la población, hacer del entorno rural un entorno atractivo y competitivo. Queremos unos pueblos y unas comarcas fuertes y dinámicas, porque es imprescindible para seguir construyendo una Gipuzkoa competitiva, inteligente, equilibrada y creativa”, ha aclarado.

Análisis de riesgos geotécnicos

Asimismo, el Consejo ha puesto en marcha la adjudicación de los servicios de evaluación y gestión integrada de riesgos geotécnicos en la red foral de carreteras, con un presupuesto base de 200.900 euros, más 42.189,00 euros en concepto de IVA, y un plazo de ejecución de 24 meses, ampliable a otros 24.

Según ha explicado Lasa, los problemas derivados de la interacción entre el medio geológico y las infraestructuras viarias requieren el planteamiento de actuaciones adecuadas para conseguir un equilibrio entre las condiciones naturales y el funcionamiento de la red de carreteras, incorporando métodos de prevención y evaluación del riesgo inherente a la implantación de infraestructuras en un territorio tan complicado desde el punto de vista geotécnico como es el de Gipuzkoa. Para continuar realizando una evaluación integrada de los riesgos geotécnicos, uniformizando los criterios de evaluación, así como la gestión de los mismos, se requieren conocimientos específicos en geotecnia, lo que motiva esta adjudicación.

A través de la misma, se realizarán en más de ciento ochenta puntos de la red foral trabajos como los siguientes: creación de base documental de nuevos puntos de riesgo geotécnico; evaluación inicial del riesgo geotécnico en los mismos; transformación de las fichas de la base documental y de las inspecciones visuales y georreferenciación de los límites de los puntos de riesgo; cálculo del riesgo por métodos analíticos y estimación del grado de contraste con la metodología vigente; inspección visual y reconocimiento de campo; evaluación cuantitativa del riesgo para cada punto; análisis de prioridades de los puntos de riesgo alto y muy alto; y revisión de la metodología de evaluación establecida.

Estabilización de un talud en la N-634

En la misma línea, se ha dado el visto bueno al proyecto de estabilización de un talud de desmonte entre los p.k. 23,660 y 23,775 de la N-634, entre Zarautz y Getaria, con un presupuesto de 334.780,25 euros, más 70.303,85 euros en concepto de IVA. El plazo de ejecución de las obras será de dos meses y medio.  El tramo citado presenta una alta posibilidad de que se produzcan cuñas de roca potencialmente inestables que dan origen a un factor de seguridad inferior al marcado como mínimo.

Por ello, el proyecto plantea actuar en el talud de desmonte, que alcanza una superficie aproximada de 3.015 m3, donde se colocará un sistema de sostenimiento flexible. Previamente a la colocación de la malla se realizará una limpieza manual del talud y el recalce con hormigón armado de los voladizos de mayores dimensiones existentes en la superficie del talud tras lo que se procederá a la estabilización de tres bancos de arenisca mediante la colocación de anclajes. Tal y como ha recordado el portavoz foral, la seguridad de las carreteras recibió una nota de 7,66 en la encuesta realizada por la Diputación el pasado año: “Actuaciones como ésta son imprescindibles para mantener esta buena percepción, y nuestra intención es seguir poniendo medios para mejorarla”, ha concluido.