La Diputación exige al Gobierno Español que levante el veto a la constitución de Itsaso

El portavoz foral Imanol Lasa ha denunciado la postura manifestada hoy en la sesión de control por la vicepresidenta del Gobierno Español Soraya Sáenz de Santamaría en relación a la desanexión de Itsaso, en la que Iñigo Barandiaran, diputado del Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV, ha exigido que se levante el veto a la inscripción del municipio 89 de Gipuzkoa en el Registro de entidades locales. Lasa ha lamentado que el Gobierno se obceque “en su estrategia recentralizadora”, mostrando un “nulo respeto” al autogobierno vasco y a las competencias forales “recogidas en el Estatuto de Autonomía y en la Ley de Territorios Históricos”: “Hemos vuelto a comprobar que para el Gobierno solo hay una legalidad que vale, la de sus intereses políticos, y que no piensan abandonar la judicialización de la política”.

El portavoz ha recalcado que la constitución de Itsaso se llevó a cabo “respetando escrupulosamente” la ley y “con todas las garantías administrativas y económicas”, y que tanto la Diputación Foral como el Ayuntamiento de Itsaso han puesto “todo de su parte” para buscar una “solución acordada” ante los “constantes palos en las ruedas” puestos por el Gobierno. En ese sentido, ha recordado que él mismo solicitó en marzo por escrito una reunión con la Vicepresidenta para explicarle con “total transparencia cómo se ha desarrollado el proceso y evitar que la situación se enquistara. Sin embargo, ha hecho oídos sordos a esta petición, cerrando una vez más la puerta al diálogo, y decantándose por la imposición”.

Ha afirmado que el argumento esgrimido hoy por Sáenz de Santamaría de que Itsaso no cuenta con la población suficiente para desanexionarse no tiene “fundamento alguno”, ya que la competencia reguladora de las demarcaciones municipales le corresponde en exclusiva a la Diputación. Así lo dictaminan el Estatuto de Autonomía del País Vasco (artículos 10.1 y 37.3) y la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de Relaciones entre las Instituciones comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos - artículo 7.a.3)-, que se ha ejercido en Gipuzkoa en forma de una regulación propia plasmada en la Norma Foral 2/2003. “Esta Norma exime del requisito del número de habitantes a los municipios obligados a anexionarse por la dictadura franquista, tal y como sucedió con Ezkio e Itsaso en 1964”, ha explicado.

Lasa ha señalado que la actitud del Gobierno respecto a Itsaso es “una muestra más del retroceso en los derechos y libertades básicas emprendido por el PP, de la política del artículo 155, que le lleva a poner sus decisiones por encima de competencias forales amparadas por la propia Constitución, tal y como en este caso, y a legitimar decisiones adoptadas en el contexto de una dictadura”. Por ello, ha pedido a la Vicepresidenta que, en tanto los tribunales se pronuncian sobre los recursos en curso, respete las decisiones forales, la voluntad de los vecinos y vecinas de Itsaso expresada “de forma modélica” en un proceso participativo, refrendada en una consulta popular, y que “dé luz verde a la inscripción del municipio en el Registro de entidades locales, necesaria para garantizar su calidad de vida”.

Ha insistido en que para la Diputación, Itsaso seguirá siendo el municipio 89 de Gipuzkoa a todos los efectos, y que por ello seguirá ofreciendo “todo el apoyo y cobertura de la institución” a su alcalde y a sus vecinos y vecinas, “con el fin de garantizar sus servicios, su sostenibilidad y su actividad. Vamos a seguir en contacto permanente para analizar los pasos a seguir”, ha concluido.