La Diputación se personará en la causa por el fraude en la percepción de ayudas sociales

El Consejo de Gobierno acordó ayer que la Diputación Foral ejerza  la acusación particular en las diferentes actuaciones penales  en las que se tenga conocimiento de que se tramitan las diligencias previas correspondientes en relación a la percepción indebida de las ayudas sociales otorgadas por la institución foral. La decisión se adopta una vez que el Juzgado de Instrucción nº 4 de San Sebastián realizara el pasado 28 de febrero de 2018 ofrecimiento de acciones para la reclamación de los daños y perjuicios sufridos por la Diputación en relación al presunto fraude cometido por ciudadanos pakistaníes en la percepción de la Ayuda de Garantía de Ingresos (AGI).

El portavoz foral Imanol Lasa ha destacado que con esta medida el Gobierno Foral quiere asumir “un papel activo” en la “firme defensa” de los intereses de la institución y de “todos y todas las guipuzcoanas” a quienes representa, tanto en esta causa como en otras que pudieran abrirse en el futuro. En estos momentos el departamento de Política Social está cotejando datos y recabando toda la información necesaria sobre las irregularidades que esta trama pudiera haber cometido en la solicitud y recepción de las ayudas, tanto de la AGI como de otras que concede la Diputación, para ponerla posteriormente “en manos de la justicia” en el procedimiento abierto.

Ha solicitado “cautela” ya que todavía se está recopilando información, pero si bien es pronto para concretar  la cuantía  a la que pudiera ascender el fraude, sí ha admitido que éste ha afectado “con total seguridad también a la Diputación”. “Gipuzkoa cuenta con un sistema de protección social modélico, que atiende a todas las personas que atraviesan dificultades y que hace que las personas con menos recursos puedan salir adelante. Pero con la misma fuerza con la que reivindicamos ese modelo, vamos a perseguir a quienes se aprovechan de lo que tanto nos ha costado conseguir para lucrarse de forma ilegal. No podemos permitir comportamientos que nos perjudican a todos y todas. Al igual en lo referente a la evasión fiscal, vamos a llevar a la práctica la máxima de tolerancia cero contra el fraude”, ha explicado.

Ha asegurado que la Diputación trabajará para reforzar los mecanismos de control en la gestión de las ayudas, pero ha dejado claro que no se puede hablar de un fenómeno “generalizado”, sino de una trama puntual. Según las investigaciones policiales realizadas, se trata en este caso de una organización que traía a ciudadanos de Pakistán hasta Euskadi, donde supuestamente les era asignada una persona de contacto que les facilitaba documentos falsos, falsificados y/o inauténticos para la percepción de diferentes ayudas sociales, entre las que se encuentran las otorgadas por la Diputación Foral.

El Consejo de ayer decidió ejercer sus derechos con arreglo a lo previsto en el artículo 31.4.f) de la Norma Foral 6/2005, de 12 de julio, sobre Organización Institucional, Gobierno y Administración del Territorio Histórico de Gipuzkoa, que establece que es competencia del Consejo de Gobierno Foral deliberar y decidir sobre el ejercicio de toda clase de acciones judiciales que correspondan a la Diputación.