La Diputación Foral manifiesta su desacuerdo con la decisión del Supremo de inadmitir a trámite el recurso presentado por Uliazpi

La Diputación Foral de Gipuzkoa ha lamentado la decisión del Tribunal Supremo de inadmitir a trámite el recurso presentado contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que anulaba la convocatoria de 34 plazas de cuidador o cuidadora de los centros residenciales de Fundación Uliazpi, en 32 de las cuales se exigía acreditar el perfil 2 de euskera. La portavoz foral Irune Berasaluze ha expresado “el más absoluto desacuerdo” de la institución foral con una decisión que “no tenemos otro remedio que acatar, pero que consideramos injusta, porque ahonda en el cuestionamiento de los derechos lingüísticos de la ciudadanía, y en de la legítima autonomía de la Diputación para diseñar su política de empleo público garantizando dichos derechos”.

La portavoz ha anunciado que los servicios jurídicos de la Diputación analizan actualmente las “opciones existentes”, recalcando que “nuestra voluntad a priori es llegar hasta el final en la defensa de nuestras competencias en materia de función pública y de impulso de la igualdad lingüística”. El recurso inadmitido alegaba que la sentencia vulnera los preceptos del Estatuto Básico del Empleado Público, y que interpreta erróneamente la doctrina del Tribunal Constitucional. En cualquier caso, Berasaluze ha recalcado que la vía judicial “sigue abierta”, ya que la Diputación presentó otro recurso ante el propio TSJPV por infracción del Derecho autonómico, alegando en este caso que la sentencia infringe los preceptos de la Ley de la Función Pública Vasca que regulan la adecuación de los procesos de selección de personal a los perfiles lingüísticos asignados a los puestos de trabajo.

Asimismo, ha recalcado que “pedir a una persona que se presenta a una oposición para acceder a un empleo público que sepa euskera, que es una de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma Vasca, no puede considerarse una discriminación. Debería estar totalmente normalizado, igual que en otros territorios y países. Las y los empleados públicos están al servicio de la ciudadanía, que tiene el derecho a ser atendida en la lengua que elija. Nuestra obligación como administración es garantizar la igualdad lingüística y los derechos lingüísticos en el servicio público. La sociedad apoya de forma mayoritaria esta idea”. 

La portavoz ha transmitido el apoyo y la solidaridad de la Diputación al equipo de trabajo y a la gerencia de Fundación Uliazpi, “ante la inseguridad jurídica y el perjuicio en el servicio que estas decisiones generan”, y ha anunciado que la institución foral ha creado un grupo de trabajo “para estudiar qué pasos podemos dar para blindar los derechos lingüísticos de la ciudadanía en futuras OPEs, de forma operativa y con todas las garantías necesarias”.

Por último, ha aclarado que la Diputación mantendrá el “rumbo emprendido durante los últimos 40 años gracias al cual, de forma progresiva y consensuada, hemos avanzado mucho en la normalización lingüística y la recuperación del euskera. Este recorrido se ha realizado desde el acuerdo y con el apoyo de la gran mayoría de la ciudadanía, que ha venido demostrando una gran sensibilidad hacia esta cuestión, por lo que vamos a trabajar para seguir adelante, desde el consenso, pero con la firmeza necesaria para no dar pasos atrás”. En ese sentido, ha recordado que recientemente se ha aprobado el Plan de Uso del Euskera (2023-2027), que incide especialmente en el uso del euskara y en las competencias lingüísticas tanto en la imagen, las relaciones externas y la interacción de la Diputación con la ciudadanía, como en el funcionamiento interno de la casa en el día a día.