Gipuzkoa consolida su Programa de Vida Independiente para personas con discapacidad física
Gipuzkoa consolida su Programa de Vida Independiente para personas con discapacidad física
Tras dos décadas, la Diputación Foral de Gipuzkoa y elkartu, con el apoyo de la UPV/EHU, han evaluado el Programa de Vida Independiente, lo han valorado “muy positivamente” y han apostado por seguir ampliándolo
Esta mañana, la Diputación Foral de Gipuzkoa, la Federación Coordinadora de Personas con Discapacidad Física de Gipuzkoa elkartu, y la UPV/EHU han presentado en rueda de prensa la evaluación del Programa de Vida Independiente; un informe elaborado conjuntamente por elkartu y por el personal investigador de la UPV/EHU y que tiene como objetivo principal medir el impacto social, psicológico y económico del programa creado hace 20 años para promover la igualdad de oportunidades y la vida independiente de personas con discapacidad en Gipuzkoa. En la presentación han participado la diputada foral de Cuidados y Políticas Sociales, Maite Peña, el director de elkartu, Mikel Malcorra, y la decana de la Facultad de Relaciones Laborales y Trabajo Social de la UPV/EHU, Amaia Inza. Cabe destacar que también han participado profesionales de las facultades de Economía y Empresa, y Psicología.
La Diputación Foral de Gipuzkoa creó en el año 2004 el Programa de Vida Independiente, que ha servido como apoyo a más de 60 personas con discapacidad, a 27 en la actualidad, para perseguir y garantizar su derecho a vivir de forma independiente, “facilitando la inclusión en la comunidad, evitando el aislamiento, permitiendo su participación plena en todos los aspectos de la vida, evitando el ingreso en los servicios residenciales y facilitando los procesos de emancipación”. Maite Peña ha calificado el Programa de Vida Independiente como “pionero y fundamental”, y ha resaltado que está “anclado” en el sistema de servicios y políticas sociales de Gipuzkoa y que se seguirá ampliando en el futuro.
Tras un recorrido de dos décadas, la evaluación realizada “permite conocer qué se hace bien, qué hay que mejorar, y qué opinan las propias personas con discapacidad”. En efecto, tal y como ha explicado Peña, en la evaluación han participado 18 personas con discapacidad física, el 66% de las personas que conforman el programa, y la valoración general “es muy positiva”. Se ha acreditado que el modelo de vida independiente garantiza la inclusión social de las personas con discapacidad y una salud emocional equivalente al conjunto de la población, favoreciendo el empoderamiento y la libertad de elección en los diferentes aspectos de la vida. Además, la inversión pública garantiza un alto grado de reversión económica que contribuye a la eficiencia de las políticas y medidas en materia de discapacidad.
Así viene recogido en el informe elaborado, y se señala también la importancia de seguir impulsando la cooperación entre las instituciones públicas, el ámbito del conocimiento y el tercer sector social; y también se destaca la participación directa y activa de las propias personas con discapacidad. A través de este diagnóstico multidimensional, se ha analizado el grado de cumplimiento de los objetivos establecidos y los retos a abordar en el futuro, y se han resumido las principales conclusiones en una matriz FODA, teniendo en cuenta factores internos, las capacidades y las dificultades que experimentan las personas con discapacidad, el marco de garantías que ofrecen los sistemas sociales y los riesgos estructurales que influyen en el devenir del programa.
Conclusiones y propuestas
Entre las fortalezas, capacidades y oportunidades, destacan el enfoque transversal del programa, la contribución que realiza al empoderamiento de las personas con discapacidad, también que contiene la institucionalización de las personas con discapacidad en recursos residenciales, que favorece la construcción de unidades familiares propias y que garantiza la libertad de elección. A su vez, el programa garantiza los recursos para personas con altos grados de discapacidad, mitiga los costes, y promueve los apoyos basados en los criterios de la personalización, y los cuidados profesionalizados frente a los informales.
El Programa de Vida Independiente, además, supone una garantía para la inclusión social y contribuye a cubrir las necesidades básicas del día a día y de la vida en comunidad, así como a mantener una salud mental adecuada y similar a la de la población general. También se ha constatado que tiene un efecto mitigador de la brecha de género y cuenta con un alto grado de satisfacción de las personas participantes, así como su compromiso y permanencia en el mismo. También se ha valorado positivamente la consolidación del programa que comenzó siendo experimental, la cercanía del personal de la Diputación Foral de Gipuzkoa, y la participación de las personas con discapacidad en la transmisión y divulgación del programa.
Entre las debilidades y dificultades, se encuentran las dificultades puntuales para acceder al programa, la falta de un recurso de apoyo específico, que la cobertura económica sea inferior al coste real de la asistencia personal, que no se realice una evaluación sistemática y que no haya representatividad de personas con bajos niveles de ingresos, jóvenes y del ámbito rural.
Como amenaza, se ha recogido que el programa no forma parte de la Cartera de Servicios Sociales, que haya escaso conocimiento del programa por parte de los Servicios Sociales de Base y de las propias personas con discapacidad, y que no se aproveche su potencial como recurso para el inicio de la desinstitucionalización. También se apunta como riesgo que existe una limitación en el mercado de la oferta de asistentes personales, entre otras cuestiones.
Teniendo todos esos aspectos en cuenta, el informe recoge como propuestas y recomendaciones a futuro que el Programa de Vida Independiente pueda ser incorporado en la Cartera de Servicios Sociales, que se promueva el acceso al programa de personas con niveles inferiores de ingresos, de personas jóvenes y de personas que viven en el ámbito rural, y que se impulse el programa como instrumento para los procesos de desinstitucionalización, así como promover el conocimiento del programa entre las personas con discapacidad.
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