Bueno para Gipuzkoa

El jueves de la semana pasada, las instituciones vascas acordamos en el Consejo Vasco de Finanzas reforzar el mecanismo de cierre del sistema de determinación de las aportaciones de los recursos provenientes de tributos concertados. El acuerdo es fruto de una negociación en la que se han impuesto los intereses de Gipuzkoa y que, por tanto, es bueno, muy bueno para los intereses del territorio.
Vamos a explicarnos. El acuerdo se enmarca en el proceso de renovación de la Ley de Aportaciones actual, la norma que fija la metodología por la cual se determina cuánto debe de aportar cada Hacienda foral. En sí, el periodo de vigencia de dicha Ley era de 2007 a 2011 pero, al no haberse alcanzado acuerdos para renovarla, algo lógico cuando hablamos de negociaciones de suma cero (para que uno gane, otro tiene que perder), se encuentra prorrogada desde entonces.
El sistema funciona del siguiente modo: los fiscos forales de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa recaudan y, luego, en el Consejo Vasco de Finanzas, se echa a una bolsa común lo recaudado. De ahí se le paga al Estado el Cupo, se realizan algunos pequeños ajustes y, lo que queda, se reparte entre el Gobierno Vasco y los territorios históricos (diputación y ayuntamientos) según lo que establece la Ley de Aportaciones.
El problema radica en que, según lo que establece esa Ley, se producen desequilibrios entre lo que cada territorio histórico recauda y tiene que aportar a la bolsa común. Es decir, que algunas haciendas aportan más de lo que teóricamente deberían, en base a su recaudación.
Para paliar esa situación, existe un mecanismo de cierre denominado Fondo General de Ajuste. De cierre, porque actúa al final del proceso del cálculo de aportación. Dicho Fondo se dota con el 1% de la recaudación a distribuir, y se destina a aquellos territorios históricos que han aportado más en proporción a lo recaudado. ¿Cuál es el problema? Que, durante muchos años, su dotación ha sido insuficiente para corregir los desequilibrios generados. Hablando en plata, que el Fondo se quedaba corto. 
De ahí que, durante estos últimos años, la Diputación Foral de Gipuzkoa haya trabajado para reforzar este mecanismo de cierre. La reivindicación fructificó, por fin, el pasado Consejo Vasco de Finanzas con el establecimiento de un segundo fondo, el Fondo Extraordinario, que estará en vigor mientras se acomete la renovación de la Ley de Aportaciones. Todos y todas estamos de acuerdo en que la Ley requiere de más mejoras y seguimos trabajando en ello. Pero hay que ir paso a paso, y el primer paso fundamental era reforzar este fondo de ajuste. 
Pero vayamos más allá, y pongamos cifras a la ecuación de lo acordado. Si el Fondo Extraordinario en cuestión hubiese existido en el periodo 2007-2018, es decir, si alguno de las y los que ahora tanto levantan la voz hubiese atinado a lograr un acuerdo semejante, Gipuzkoa habría tenido 172 millones de euros de financiación neta extra. Es decir, habría aportado 65 millones al citado fondo, y habría recibido 237 millones. 
¿Por qué decimos que es un hito? Porque, por primera vez en ocho años de negociación, hemos conseguido dar un paso en la buena dirección. Porque, por primera vez en ocho años, Gipuzkoa logra materializar una de sus reivindicaciones en la mesa de negociaciones. Porque, por primera vez en ocho años, hemos conseguido avances reales que mitigarán los desequilibrios que puede generar la Ley de Aportaciones. 
El acuerdo podrá ser discutido, pero no procede poner en duda el beneficio que supone para Gipuzkoa. Menos aún, si se hace con críticas de claro tinte electoral. Cabe recordar que todas o casi todas las voces que tachan lo logrado de insuficiente han estado sentadas en esa misma mesa de negociaciones: el Partido Socialista ostentaba la consejería de Hacienda cuando la actual Ley se prorrogó por primera vez, y tanto el Partido Popular como EH Bildu han agotado toda una legislatura al frente de las diputaciones forales de Araba y Gipuzkoa respectivamente. ¿Lograron algún avance? No sabemos si chillaron o patalearon más fuerte, pero su aportación se quedó, ya que hablamos de números, en un cero a la izquierda. En nada beneficiaron a la sociedad guipuzcoana. 
Por tanto, queda claro que históricamente, en la negociación de la Ley de Aportaciones, los maximalismos, el levantar más que nadie la voz o el rasgarse las vestiduras sirve de bien poco. Conduce al inmovilismo, se queda en acciones de cara a la galería, una forma de actuar más propia de la política española que de las instituciones vascas. Nuestro estilo podrá gustar más o menos, será más discreto o parecerá más prudente, pero es el único hasta la fecha que ha obtenido resultados reales y tangibles. El único que ha obtenido avances beneficiosos para los intereses de los y las guipuzcoanas.