La Diputación aprueba las convocatorias de 17 plazas de Oferta de Empleo Público

El Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Gipuzkoa ha aprobado hoy las convocatorias y las bases de cinco procesos selectivos que, mediante concurso-oposición, ofertan 17 plazas en el marco de las Ofertas Públicas de Empleo (OPE) de la institución foral. En concreto, se han aprobado las convocatorias de 10 plazas de guarda forestal, 2 plazas de personal técnico superior de archivo, 2 plazas de personal técnico superior de promoción cultural, 2 plazas de personal técnico medio restaurador y 1 plaza de personal técnico superior de documentación. Las plazas corresponden a las OPEs de la Diputación de 2019 y, en el caso de la convocatoria de guardas forestales, también a las ofertas de 2020 y 2022. La portavoz foral, Eider Mendoza, ha señalado que estas convocatorias se enmarcan en el proceso de renovación de la plantilla del ente foral que está en marcha.

La responsable foral ha comparecido esta mañana, como cada martes, ante los medios de comunicación para dar cuenta de los acuerdos adoptados en el último Consejo de Gobierno. Según ha explicado, la convocatoria para la realización del primer ejercicio se publicará en el Boletín Oficial de Gipuzkoa, en el tablón de anuncios de la sede electrónica de la Diputación Foral de Gipuzkoa y en el apartado “Empleo Público”, y las pruebas de selección de estos procesos no comenzarán antes del 1 de diciembre de 2022. Las restantes comunicaciones y notificaciones derivadas de este proceso selectivo se efectuarán por medio de su publicación en el tablón de anuncios de la sede electrónica de la Diputación Foral de Gipuzkoa (https://egoitza.gipuzkoa.eus).

Mendoza ha aprovechado la ocasión para renovar el compromiso que la institución foral tiene con el proceso de transformación que está llevando a cabo la Diputación Foral de Gipuzkoa. “En este proceso, los recursos humanos tienen una importancia enorme. Estamos ante un cambio generacional y tenemos que acertar; atraer nuevo talento, y mantener el conocimiento que atesoran las personas trabajadoras que tenemos en plantilla ahora. De cara al futuro, nuestro compromiso es seguir ahondando en ese trabajo”, ha asegurado Mendoza. El reto, según ha añadido, es seguir siendo una administración avanzada, accesible y moderna, adapta a las necesidades y demandas de la sociedad del siglo XXI.

Primas por jubilación anticipada

Por otra parte, en el segundo punto del día, el Consejo de Gobierno ha cumplido con lo establecido por el Tribunal Supremo en relación con las medidas relativas a la jubilación voluntaria anticipada y a la renuncia a la condición de empleado público premiada. En consecuencia, quedan sin efecto las primas que hasta ahora percibían las y los trabajadores. “El Tribunal Supremo ha puesto de manifiesto con insistencia la falta de cobertura legal y justificación de las primas de jubilación de las administraciones locales. Es decir, ha sentenciado que son ilegales y, por lo tanto, estamos cumpliendo con este mandato de los tribunales”, ha señalado Mendoza.

Hasta el momento, el personal de la Diputación Foral de Gipuzkoa que cumplía con los requisitos establecidos en el régimen de previsión social para acceder a la jubilación anticipada voluntaria tenían derecho a una prima. Esta prima era equivalente a un número de pagas mensuales determinado en función del número de trimestres que restasen hasta alcanzar la edad legal de jubilación, con un máximo de 40.000 euros.

Sin embargo, la Sentencia 459/2018, de 20 de marzo, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, estableció el criterio de que las primas de jubilación no son medidas de apoyo adoptadas en el ámbito de la obra social, sino retribuciones distintas a las previstas por la legislación básica estatal para las personas funcionarias de las entidades locales. Por tanto, según la sentencia, modifican el régimen retributivo del personal funcionario de las entidades locales, careciendo de cobertura legal y justificación. Este criterio se ha repetido en la Sentencia del Tribunal Supremo 347/2019, de 14 de marzo; en la Sentencia 1183/2021, de 29 de septiembre; en la Sentencia 344/2022, de 16 de marzo; y en la Sentencia 421/2022, de 5 de abril.

“Hemos hecho un análisis exhaustivo dentro y fuera de la Diputación, de forma coordinada con las administraciones de más peso desde el punto de vista del personal, y todos y todas coincidimos en lo mismo. No es una cuestión de voluntad: estamos obligados y obligadas a acatar la sentencia y no hay otra alternativa”, ha explicado la portavoz. “Ignorar esta jurisprudencia supone prevaricar o malversar fondos públicos para cualquiera que firme una orden de pago, tanto en el caso del personal técnico como de las y los responsables políticos”, ha añadido.

No obstante, teniendo en cuenta que las solicitudes para acogerse a estas medidas deben presentarse con una antelación mínima de tres meses a la fecha de jubilación anticipada o de renuncia a la condición de personas empleada públicas, la Diputación Foral ha considerado oportuno incluir una previsión de carácter transitorio según la cual la supresión no afectaría a las primas o indemnizaciones de aquellas personas empleadas cuya jubilación o renuncia vaya a tener lugar antes de transcurridos tres meses desde la fecha de efectividad del acuerdo.  

Parte de residencias

Por otra parte, la portavoz también ha actualizado la información relativa al impacto de la pandemia de la COVID-19 en las residencias de mayores del territorio. Según ha explicado, en estos momentos hay 97 casos activos, 2 menos que la semana pasada, y en 22 residencias del territorio. Durante la última semana no se han registrado fallecimientos, 85 personas han superado la enfermedad y se han registrado 83 nuevos positivos. En total, desde finales de noviembre hasta ahora, han fallecido 70 personas residentes, y 3.180 personas han superado la enfermedad. Por último, en lo que respecta al personal de residencias, en estos momentos hay 83 casos activos, 40 más que la semana pasada, distribuidos en 26 centros residenciales.