En los últimos veinte años en El Salvador han asesinado a más de 500 personas del colectivo LGBTI

La Diputación ha colaborado en un proyecto para sensibilizar a jóvenes y adolescentes de ese país en el respeto a los derechos sexuales

San Martin: “Es necesario hacer visible la grave situación de vulnerabilidad en la que se encuentra el colectivo en El Salvador y concienciar a la población tanto de aquel país como de Europa en general para que se defienda en todos los ámbitos sus derechos”

El Director de Cooperación Fernando San Martin ha presentado el proyecto “Juventudes viviendo relaciones sin violencia, con equidad, promoviendo la no discriminación y respeto a la diversidad hacia las personas LGBTI, financiado con 50.000 euros por la Diputación y realizado por Euskal Fondoa y la contraparte Colectiva de Mujeres para el Desarrollo Local en coordinación con organizaciones de mujeres, instancias públicas nacionales en el territorio y 16 municipalidades del Departamento de Cuscatlán. En la rueda de prensa también ha participado el director del equipo de investigación, el doctor en psicología Wilber Castellón.

La Diputación financia desde 2016 el proyecto que Euskal Fondoa está llevando a cabo en El Salvador, centrado en el ámbito de una gestión municipal integral e inclusiva para la igualdad de género y los derechos de las personas LGTBI.

Durante 2016 y 2017 se ha realizado una investigación en la que se pretendía identificar cuáles son las principales actitudes de adolescentes y jóvenes estudiantes hacia las personas que se identifican como homosexuales y lesbianas.

Para el proceso de investigación se estableció una alianza con un equipo de investigación dirigido por Wilber Castellón, Doctor en Psicología y con integrantes de la Colectiva Feminista.

Para Castellón los resultados son esperanzadores porque indican que los adolescentes y fundamentalmente las chicas, aceptan a las personas LGTBI, debido a que en los últimos años está habiendo una mayor visibilidad de las personas LGTBI.  Los datos indican, así mismo la necesidad de fortalecer los procesos de sensibilización y formación acerca de los factores que inciden en la conformación de la identidad sexual y en la necesidad de establecer relaciones de respeto a la diversidad. El estudio se ha realizado en todo el país entre 2977 adolescentes de entre 15 y 19 años.

El apoyo de la Diputación a este estudio se enmarca en el marco estratégico aprobado por la institución foral cuya finalidad es incorporar los criterios y valores de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible como son la lucha contra la pobreza, la defensa de los Derechos Humanos, la defensa de la Equidad de género y de los colectivos más vulnerables, la defensa de la diversidad cultural, la defensa de la sostenibilidad ambiental y el fortalecimiento de las instituciones locales.

Fernando San Martin ha denunciado la grave situación de vulnerabilidad en la que se encuentra el colectivo en El Salvador y ha defendido la necesidad de visibilizar esa problemática y concienciar a la población tanto de aquellos países como de Europa en general para que se defienda en todos los ámbitos sus derechos. “Hoy en día la defensa y la lucha por los derechos humanos pasa por reconocer y defender los derechos de este colectivo tan castigado en muchísimos lugares del mundo”.

El objetivo del proyecto general  es desarrollar procesos de sensibilización y formación de jóvenes y adolescentes de centros educativos, basados en el reconocimiento de derechos sexuales y derechos reproductivos, el impulso de una educación con equidad de género, laica y acciones para reducir prácticas sexistas y discriminatorias hacia las personas LGBTI. De esta manera, se quiere cuestionar los cimientos de los significados culturales dominantes que promueven la intolerancia y el irrespeto a la diversidad; proveyendo un marco de conocimiento libre de prejuicios en 64 centros educativos ubicados en 32 municipios del país.

Los beneficiarios son 640 estudiantes que han participado en diversas jornadas de sensibilización y formación. 2.560 jóvenes y adolescentes, mujeres y hombres, que son estudiantes de los 64 centros educativos.

El Salvador enfrenta aún grandes desafíos para garantizar el ejercicio y goce pleno de los derechos humanos de la población LGBTI. Persisten aún actitudes de discriminación en los diferentes espacios de desarrollo social que han llevado a arraigar la percepción de los grupos de la diversidad sexual como ciudadanos de segunda categoría, haciéndoles acreedores de acciones excluyentes, conductas denigrantes y actos violentos que atentan contra su seguridad personal e incluso su vida.

Según datos de organizaciones LGBTI, que son las que ejercen la función de vigilancia y monitoreo de violaciones contra miembros de esta comunidad, entre 1996 y 2015 se reportaron más de 500 asesinatos de sus integrantes en El Salvador, la mayoría de los casos con señales de violencia y en circunstancias no esclarecidas ni suficientemente investigadas.

En el marco de los procesos de sensibilización y formación sobre derechos sexuales y derechos reproductivos en centros educativos, se han identificado las particulares formas de discriminación y rechazo como actitudes predominantes que enfrentan chicas y chicos que no se identifican como heterosexuales.

En cuanto al derecho a la educación, derecho de acceder, mantenerse y finalizar la educación formal, el Sondeo de Percepción de los Derechos Humanos de la Población LGBTI de El Salvador, realizado por la organización Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans con VIH y sida en El Salvador (COMCAVIS Trans), se observa que la mitad de los/as representantes de la población LGBTI aseguran que en los centros educativos e institutos nacionales, sufrieron discriminación, exclusión, violencia, acoso u hostigamiento por motivos de orientación sexual e identidad de género.

El tipo de exclusión experimentada, principalmente por hombres gay y mujeres trans, incluye burlas, insultos humillaciones, golpes y castigos injustificados; no dar respuesta a sus inquietudes académicas; negarles el acceso a las actividades deportivas y culturales; la incitación (de profesores a estudiantes) para agredir a hombres gay y mujeres trans; acoso por parte de profesores y compañeros de estudio, inclusive acoso sexual e intento de violación. Para las mujeres trans, aseguran que la situación es más grave, ya que en algunas ocasiones se les ha incitado bajo presión, a que dejen de estudiar, o que se cambien a una modalidad de estudios a distancia para no “perjudicar sicológicamente a los demás estudiantes”. Además, el sondeo señala que se les ha negado la matrícula, el acceso a exámenes, el ingreso al centro escolar; y hasta han sido amenazadas con expulsión si los padres no le corrigen “la conducta anormal”.

La percepción de las instituciones del Estado, respecto a las razones que dificultan el acceso y la permanencia de la población LGBTI en el sistema educativo, ponen de relieve ciertos factores condicionantes, como la nula sensibilidad hacia estas personas, la poca tolerancia a su orientación e identidad sexual (según MINED); creer que son anormales y que al excluirlas se hace prevención para los demás; la falta de respeto a las decisiones que toman las personas LGBTI; la concepción de que los derechos son privilegios solo para unos cuantos, agravada por la homofobia, lesbofobia, transfobia y la cultura machista. Reconociéndose que la combinación de estos factores conduce ineludiblemente a la autoexclusión.