La Diputación Foral y ayuntamientos acuerdan realizar un seguimiento y apoyo a las personas cuidadoras

En la reunión celebrada hoy de la Mesa Interinstitucional de Servicios Sociales de Gipuzkoa, la Diputación Foral de Gipuzkoa y los ayuntamientos guipuzcoanos, representados por Eudel, han alcanzado un acuerdo según el cual el ente foral y los ayuntamientos realizarán un seguimiento y prestarán apoyo a las personas que cuidan a personas dependientes en el hogar, en el marco de las prestaciones de dependencia, lo cual supone alcanzar una población objetivo de 10.353 personas en todo el territorio. Dicho seguimiento, cuyo inicio está previsto para 2019, abarcará a las personas con PECE (Prestación económica para cuidados en el entorno familiar), si bien  excepcionalmente cabría ampliarlo a personas con PEAP (Prestación económica de asistencia personal) en municipios pequeños, estimándose para ello un coste anual total de 632,272 €, que incluye las horas anuales de trabajo de personal técnico y de personal administrativo, así como personal equivalente a jornada completa.

La diputada de Políticas Sociales, Maite Peña, ha destacado que a través de este seguimiento “queremos asegurarnos cómo evoluciona” el grado de dependencia de las personas dependientes y también “del entorno” que las cuidan, es decir, “si esa persona está en condiciones para cuidar al familiar; y si no lo está, para que se proceda a la contratación de un cuidador”. No obstante, ha incidido en que si bien está previsto que dicho seguimiento se inicie en 2019, todavía falta trabajar con los ayuntamientos “los detalles y los criterios a aplicar”.

El Decreto Foral 24/2017, de 12 de diciembre, regula las prestaciones económicas de dependencia en Gipuzkoa desde el 1 de enero de 2018. En su Artículo 27 se regula el seguimiento periódico de la calidad de los cuidados recibidos por las personas titulares de PECE o PEAP, estableciendo que el seguimiento lo realizará la Diputación Foral a través de los ayuntamientos, previa financiación suficiente acordada con la representación de los municipios.

Así, por un lado el seguimiento abarcará a las personas con PECE, si bien  excepcionalmente cabría ampliarlo a personas con PEAP (Prestación económica de asistencia personal) en municipios pequeños, ha explicado la diputada, quien ha afirmado que teniendo en cuenta que el volumen total de personas beneficiarias está próximo a estabilizarse entre las 15.000 y las 16.000 al mes como máximo  “estamos ante un esfuerzo importante”, ya que no se trata sólo de llegar a esas personas, sino de contar con “un sistema permanente que pueda abordar las altas y bajas que se producen continuamente”.

Por otro, el seguimiento que se ha acordado tiene por objeto comprobar que persisten las condiciones adecuadas de atención, de convivencia y de habitabilidad de la vivienda, garantizar “la calidad de los cuidados y prevenir posibles situaciones de desatención”, ha resaltado Peña, al tiempo que ha subrayado que no se trata de una comprobación “de requisitos administrativos”, sino de “un acercamiento periódico” de los servicios sociales “al propio entorno” de la persona dependiente.

A su vez el seguimiento implica, en principio, la visita al domicilio de la persona dependiente. La diputada ha explicado que en aquellos casos en que la persona dependiente sea usuaria de servicios sociales formales la visita domiciliaria “puede ser sustituida por otras alternativas”.

En base a este acuerdo, cada actuación de seguimiento debe quedar registrada en el expediente de la persona beneficiaria y su resultado debe dar lugar a una valoración del nivel de adecuación de la situación como alta, media o baja. Ello implica que los servicios sociales municipales compartan esa información con la Diputación Foral, integrándola en la Extranet.

Para finalizar, la diputada ha significado que esta propuesta de seguimiento pretende estimar el tiempo de” trabajo adicional” que puede suponer un seguimiento sistemático por parte de todos los servicios sociales municipales, y traducirlo en “el coste del personal” adicional necesario. Y ha añadido que este acuerdo supone “un paso importante” en la colaboración interinstitucional que sitúa “a la persona en el centro de nuestro modelo de atención a la dependencia”.