La Diputación renovará la Norma General Tributaria para ganar efectividad en la lucha contra el fraude

La Diputación Foral de Gipuzkoa renovará la Norma Foral General Tributaria para, por una parte, adaptar la normativa guipuzcoana a los últimos cambios jurídicos estatales e internacionales y, por la otra, actualizar determinados aspectos de la normativa tributaria general. “Parte de la necesidad de mejora continua de nuestra normativa, con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica de nuestros contribuyentes”, ha explicado el diputado de Hacienda y Finanzas Jabier Larrañaga. Entre los cambios adoptados se incluyen medidas concretas contra el fraude fiscal, como la mejora de flujos de información y el endurecimiento de diversas sanciones.

El diputado ha comparecido hoy en la comisión de Hacienda y Finanzas de las Juntas Generales de Gipuzkoa para informar sobre esta cuestión. Según ha explicado, se trata de una reforma muy técnica, aunque hay aspectos a destacar. “Desde el primer día de la legislatura venimos repitiendo que la lucha contra el fraude es una de nuestras máximas prioridades, así lo recoge el Plan Estratégico de Gestión que guía la acción de gobierno de la Diputación Foral”, ha recordado Larrañaga.

En este ámbito, en concreto, se prevén endurecer varias sanciones, todas con el objetivo de mejorar la eficacia en la lucha contra el fraude. “Se aumentan las cuantías de las sanciones en cuestiones como los mecanismos que permiten llevar un registro B de las cuentas para defraudar a Hacienda”, ha señalado Larrañaga. De este modo, manipular la contabilidad por profesionales o empresas tendrá una sanción del 20% de la cifra de negocio, con una cifra mínima de 30.000 euros. “Se endurecen las multas contra la destrucción, borrado o manipulación de la contabilidad, así como contra el software de doble uso”, ha detallado el diputado foral.

Asimismo, se incrementa a 30.000 euros la multa para quienes lleven contabilidades distintas de una misma actividad y ejercicio ya que, según ha explicado Larrañaga, “estas prácticas dificultan determinar la verdadera situación del obligado tributario”. La no emisión de factura, por su parte, será sancionada con 1.000 euros por cada ocasión en que no se expida. Larrañaga ha destacado que este tipo de acciones se sitúan en una “estrategia integral” de lucha contra el fraude, un ámbito que el Gobierno foral está reforzando de forma considerable. “Estamos invirtiendo en recursos humanos y materiales y, en concreto, en las acciones contra la contabilidad B, hemos puesto en marcha un proyecto para controlar las cajas registradores en colaboración con las instituciones de la CAV y Navarra”, ha explicado.