Para indemnizar a quienes sufran lesiones o daños en bienes y derechos, provocados por el funcionamiento normal o anormal de la administración responsable de la explotación de las carreteras.
Autorizar la ejecución de actividades, trabajos y obras en vías ciclistas y sus zonas de dominio público o de protección, así como la circulación con vehículos motorizados.