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La Ley Orgánica 8/2021 de protección integral a la infancia y la adolescencia ante la violencia fue aprobada el 4 de junio y publicada al día siguiente, pero entró en vigor el 25 de junio. La ley pretende abordar la violencia sobre la infancia y la adolescencia desde una perspectiva integral, incidiendo en la prevención, la socialización y la educación, y establece medidas para la detección temprana, la asistencia y la reintegración de los derechos vulnerados de la víctima.

El objetivo de esta ley es garantizar los derechos de los niños, las niñas y adolescentes ante cualquier caso de violencia, asegurando el desarrollo de su personalidad y estableciendo medidas de protección integral, en todos los ámbitos de sus vidas. Así, la ley define la violencia como toda acción, omisión o trato negligente que priva a las personas menores de edad de sus derechos y bienestar.

Además, el texto señala los derechos de los niños, las niñas y adolescentes ante casos de violencia, regula la obligación de comunicar situaciones de violencia y así como la sensibilización, prevención y detección precoz de la violencia hacia los niños, las niñas y adolescentes.

En cuanto a este último aspecto, hace una distinción entre los ámbitos de sensibilización y de prevención. Se determina la forma de actuar y los deberes de cada ámbito ante los casos de violencia. Los ámbitos objeto de regulación son, entre otros, el familiar, el educativo, el sanitario o los servicios sociales. La ley incluye, además, un capítulo dedicado al uso seguro y responsable de las nuevas tecnologías, para el control del acceso y el consumo de los menores a la pornografía.

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