¿Qué significa, en estos momentos, intervenir en materia de infancia y adolescencia desde una perspectiva de derechos? ¿Garantizamos las administraciones esos derechos? ¿Asumimos su consideración de ciudadanas, ciudadanos? ¿Ofrecemos cauces para que participen? ¿Les ofrecemos oportunidades para que puedan influir en la mejora de sus condiciones de vida?

El objetivo de la sesión es reflexionar sobre estas cuestiones, exponer la distancia existente entre los planteamientos declarativos que realizamos y la practica real que desarrollamos. Partimos de la idea de que el gasto en las actuaciones en infancia, adolescencia y juventud, es una inversión y no un mero gasto corriente.