Mi derecho a la participación como ciudadano:  derecho a la iniciativa ciudadana para solicitar un proceso participativo en materias que son competencia de la DFG.

La iniciativa ciudadana es un derecho de participación de la ciudadanía, para poder solicitar a la Diputación la puesta en marcha de un proceso participativo en materias de su competencia.


¿Quién puede solicitar la puesta en marcha de un proceso participativo?

​​​​​Podrán solicitarlo las Juntas Generales, los ayuntamientos del territorio, las asociaciones y los ciudadanos.
En el caso de la ciudadanía, cualquier persona puede solicitar la puesta en marcha de un proceso participativo (individual o colectivo) siempre que tenga su residencia en Gipuzkoa y sea mayor de edad. Los ciudadanos deberán formar un grupo promotor con cuantas personas quieran.


¿Sobre qué temas se puede pedir?

Los temas deben ser competencia de la Diputación, es decir, la decisión sobre la política debe estar en manos de la Diputación. Ver materias competencia de la Diputación.


¿Dónde se puede realizar la solicitud?

La solicitud se puede realizar en el siguiente enlace:


¿Cómo puedo hacer la solicitud?

​​​​​​​
Se deberá cumplimentar el formulario de solicitud con los siguientes datos:

  • DNI y firma del solicitante
  • Motivo de la solicitud.
  • Lo que se solicita.
  • Política sobre la que se solicita.
  • Ámbito territorial afectado y causa.
  • Medidas para no permitir la perpetuación de los roles de género.
  • Quién es la persona de comunicación.


Procedimiento tras la solicitud:

​​​​​​​Posteriormente, el Servicio de Buen Gobierno y Participación Ciudadana analizará que la solicitud cumple todos los requisitos y publicará una resolución aceptando o rechazando la solicitud.
  • Si la resolución rechazara la solicitud deberá ser motivada y podrá presentar alegaciones ante la Junta de Participación de la Diputación.
  • Si la resolución estimara la solicitud se iniciará el periodo de recogida de firmas, con una duración mínima de 2 meses y máxima de 6 meses.
Las firmas se deberán recoger en impresos válidos y estar firmadas por al menos un 2% de las personas mayores de edad del ámbito territorial afectado por la participación.